El valor de la democracia y consigo el respeto de la pluralidad y diversidad que conlleva implícita, es algo que se necesita proteger y que debe formar parte de nuestro imaginario colectivo y desarrollo como persona y ciudadana/o. Por el contrario, la desvinculación de los principios democráticos, termina imponiendo patrones autoritarios, absolutistas y totalitarios.

La evolución actual de las sociedades tiende hacia un mayor individualismo e independencia del sentir colectivo, por esta razón, es necesario educar para la solidaridad y cohesión social, que solo puede ser garantizada por un sistema democrático inclusivo, libre y plural. Siendo preciso, promover la reflexión tolerante y demócrata desde la infancia para evitar la deshumanización de las nuevas generaciones.

La democracia es la alternativa ética a cualquier otra forma de gobierno en la que no se respete la dignidad universal del ser humano, su desarrollo integral y la búsqueda del equilibrio entre el bien público y los intereses particulares. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la democracia también tiene sus limitaciones en la práctica.

El término democracia no siempre es sinónimo de buen gobierno, los actores políticos y las instituciones en las que se enmarca, importan y son claves para un óptimo desarrollo de los derechos y libertades fundamentales. Los efectos del progreso social que aporta la democracia, no dependen solo de ella, dado que los poderes públicos pueden entorpecer o bloquear políticas sociales urgentes y necesarias.

Las Instituciones democráticas deben ser defendidas del hostigamiento a los principios democráticos desde los discursos violentos y de odio que intentan atentar contra el desarrollo de derechos, responsabilidades colectivas y libertades de la ciudadanía. Paradójicamente, es la libertad democrática la que les otorga el poder de atacarla.

No solo los discursos extremistas pueden poner en riesgo la democracia, sino que los alineamientos con los intereses económicos a nivel internacional, difuminan el marco deliberativo de la política. Frente a la globalización, el gran desafío de la democracia actual, consiste en mantener la autonomía respecto de los poderes económicos, establecerles límites y crear las instituciones necesarias para mitigar la superioridad del poder económico internacional sobre el poder político estatal.

Las democracias no radican solo en la elección de dirigentes políticos y parlamentarios, en el caso de España, diputados, para el ejercicio de la soberanía popular, sino que se convierte en el medio efectivo que posibilita la participación de la ciudadanía en los debates sobre las políticas públicas y la toma de decisiones, incluyéndola a nivel municipal y regional. El Estado de Derecho es indispensable para lograr un verdadero sistema democrático también a nivel local y autonómico.

La democracia representativa instaurada en España, necesita sin lugar a dudas desarrollarse, mejorarse y completarse mediante una democracia participativa local. Para lo anterior, es de vital importancia la colaboración entre las instituciones públicas, los agentes políticos y sociales en su totalidad.

Estrechar e intensificar las relaciones con la ciudadanía a través de la participación, no solo es un buen ejercicio y práctica demócrata, sino que sirve para mejorar el diseño y la evaluación de las políticas públicas y de los sistemas de protección social, con el fin de mejorar la calidad de las mismas, planes y programas. Si esto fuera así, en la práctica, los gobiernos contarían con fuentes más amplias de información, perspectivas y soluciones potenciales que den respuesta como merece a las expectativas de la ciudadanía, en términos de escucha y consideración, en la toma de soluciones que rigen la vida de las personas.

La democracia participativa tiene también que responder a la demanda del conjunto de la población para una mayor trasparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno central y autonómico: en el gasto de los impuestos, la comunicación de las medidas tomadas y la claridad en el ejercicio legislativo y ejecutivo.

En definitiva, fortalecer la confianza en la democracia, con una mejora del Estado de Derecho, supone revertir la decadencia de los servicios públicos y ofrecer soluciones adaptadas a la voluntad de la ciudadanía como protagonista activa y como sujeto de derechos.

La participación democrática, en su plano más pragmático, promueve la capacidad para reflexionar acerca del orden social establecido, para imaginar una sociedad mejor y más justa y para actuar con base en las alternativas existentes a la realidad actual.

Javier Alcalde Romero
Responsable de Acción Social de Fundación PROCLADE