Cada 8 de marzo representa una jornada de unión de las mujeres de todo el mundo, sin importar su procedencia, su raza, su profesión ni su nivel de ingresos. Desde Fundación PROCLADE nos sumamos a la reivindicación de los derechos de las mujeres y alzamos la voz para manifestar la grave erosión de los derechos humanos y libertades fundamentales que enfrentan las mujeres en Afganistán. 

El Ministerio de Educación de Afganistán prohibió el acceso a la educación a las mujeres afganas. Esta situación se ha agravado de forma progresiva, dónde las mujeres y niñas han visto cómo se privan sus derechos en diferentes áreas como el trabajo, la educación, códigos indumentarios, el deporte o el acceso a espacios públicos, tras el control de los talibanes, como autoridad de facto en Afganistán. Unos derechos que habían adquirido durante las dos décadas que Afganistán contó con la presencia occidental.  

Además, la prohibición a las ONG locales y extranjeras para trabajar con mujeres, dificulta el acceso de la fuente principal de asistencia humanitaria en el país a través de estas organizaciones, dónde el personal docente, formado principalmente por mujeres, se clasifica por el gobierno talibán como trabajadoras de ONG. Una restricción que supone el aumento del nivel de inseguridad alimentaria y de los derechos básicos de las mujeres como la salud y la educación.

Con esta medida, se impide el acceso a la educación a través de programas comunitarios de medios de subsistencia que gestionan las ONG. Estos programas permitían escolarizar a unos 3,7 millones de niños y niñas, alrededor del 60% de los cuales son niñas. Una situación que supone la expulsión absoluta de las adolescentes en los ciclos educativos secundarios y superior, pues al cumplir los 12 años ven privado su derecho a la educación.

Sin embargo, el gobierno durante los primeros meses de retorno al poder afirmaba que la prohibición de las niñas a estudiar sería temporal y aseguraban que se estaban adaptando para poder garantizar una estricta separación de sexos.

Tras el acceso de los talibanes en Afganistán en agosto de 2021, se procedió a clausurar el Ministerio de la Mujer para sustituirlo por el de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, instaurando algunas medidas como el uso del burka de forma casi obligatoria y reduciendo las libertades femeninas como el veto de las mujeres a los parques y jardines de Kabul o de acudir a peluquerías y salones de belleza. Los cargos que ocupaban las mujeres afganas en el gobierno incluyendo los de administración pública, organismos de elaboración de políticas y el poder judicial, también fueron cesados.

El informe de Amnistía Internacional Death in slow motion: Women and Girls Under Taliban Rule revela que las mujeres que protestan de forma pacífica contra estas políticas son amenazadas, detenidas, torturadas y son sometidas a desaparición forzada.

Ante este panorama, el gobierno afirma que prohíbe todo lo que se incluya de manera explícita en la ley islámica de la sharia. La aplicación de esta ley es uno de los objetivos del régimen fundamentalista que como aseguró el ministro para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Mohamad Jalid Hanafi, se trabaja “para guiar a la sociedad por el camino correcto”.

Por otra parte, el viceministro de Información, Zabihulá Muyahid afirma que el retorno de las estudiantes a las escuelas será posible cuando exista un “ambiente adecuado”. Además, los responsables políticos apelan a esta expresión cuando se les pregunta acerca de la prohibición del acceso de las mujeres al mundo laboral y de ejercer determinadas profesiones, como la de periodista o jueza.

Desde el Consejo de Seguridad de la ONU se ha realizado una reunión a puerta cerrada para trasladar la preocupación por la situación que enfrentan las mujeres y niñas afganas y revertir las políticas y prácticas que suponen la erosión de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por ello, el Consejo de Seguridad de la ONU debe adoptar una resolución para poner fin a la opresión de los derechos humanos y con ello, frenar el desastre humanitario.

Estefanía Duarte

Técnica de Comunicación y Comercio Justo