Fundación PROCLADE, ONG que forma parte de la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), se adhiere al comunicado que dicha plataforma ha emitido hoy junto a otras organizaciones de Iglesia como Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Dicho comunicado, difundido a primera hora de la mañana, solicita un nuevo impulso a favor de un acuerdo positivo para la regularización extraordinaria de personas extranjeras residentes en nuestro país, pidiendo así a nuestros partidos políticos que se esfuercen por alcanzar “un texto garantista de derechos de acuerdo con la Proposición de Ley actualmente en tramitación”.
Una Proposición que fue defendida dos veces en la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Inclusión y Migración, siendo la primera el pasado 10 de mayo de 2023, y, debido a la coyuntura electoral, nuevamente en marzo de 2024. En ambas intervenciones, pudo recordarse que “este proceso de regularización extraordinario, iniciado en el año 2021, ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada”, hecho que se tradujo en más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentar esta iniciativa al Congreso de los Diputados como ILP.
“Estamos en una semana crucial para la tramitación parlamentaria de esta iniciativa”, explica el comunicado, recordando a la vez que mañana 17 de diciembre, -24 horas antes del día internacional de las personas migrantes- se celebrará la ponencia parlamentaria encargada de negociar el texto definitivo, que daría refrendo a ese gran acuerdo. Por ello, “está en manos de todos los grupos políticos el acercar posturas para aprobar un procedimiento que dé respuesta a un grupo de personas que se encuentran en las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad”.
Las entidades de Iglesia consideran que “la aprobación de esta ley es un complemento imprescindible al nuevo Reglamento de Extranjería, al dar respuesta a aquellos perfiles que no pueden regularizarse por las vías ordinarias que ofrece nuestra normativa de extranjería”. “Un importante número de personas tendrán que seguir viviendo las consecuencias de la irregularidad administrativa si esta iniciativa no sale adelante”, lamentan.
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