Hasta la llegada al congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular en este febrero de 2023, el camino no ha sido fácil. Esta iniciativa, es un proyecto que comenzó en junio de 2021, ha supuesto meses de coordinación, presencia en las calles, a pie de parroquia y también desde nuestras plataformas de comunicación e incidencia política. Lo que ayer no era más que un sueño se fue convirtiendo día a día en una formidable movilización ciudadana para apoyar a las personas migrantes que finalizó hace pocas semanas anunciando que se habían recabado 700.000 firmas en demanda de una normativa que permita su regularización.
Fundación PROCLADE, trabajó en ello desde el primer día desde Redes, buscando el apoyo popular en forma de firma y coordinándose con sus Delegaciones, sumándonos así al reto de conseguir 500.000 firmas con la que hacer llegar hasta el mismo Parlamento una propuesta, un artículo que permitiera protección a medio millón de personas migrantes que se hallan en España en un limbo legal. Esto lo vamos a seguir haciendo a partir de ahora porque se trata de una cuestión de voluntad política.
Desde la Comisión de Incidencia Política de Redes se ha formado un bloque temporal de instituciones de la Iglesia española formado por Cáritas Nacional, CONFER, la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE, y la misma Redes. Desde esta alianza se ha empezado a tener contactos con todos los grupos parlamentarios para explicarle por qué desde estas instituciones apoyamos la ILP, en una labor que busca un posicionamiento favorable de estos al proceso de regularización.
Además, la sociedad civil también podrá participar en este punto, haciendo llegar sus propios argumentos por medio de la plataforma Wikizens, una herramienta digital de organización y gestión ya empleada anteriormente para el conteo de firmas. Ahora se quiere transformar una plataforma para que los ciudadanos puedan enviar cartas manuscritas a los parlamentarios para que apoyen la ILP, explicando por qué es necesaria.
Quizá conviene recordar aquí que el marco jurídico social impuesto por las leyes de extranjería actuales conlleva una constante amenaza y es fuente de incertidumbre para las personas migrantes. Niños que no son escolarizados por miedo a que una orden de expulsión; familias que, si se enferman, temen pedir asistencia médica por exponerse peligrosamente. Personas sin papeles que, aunque trabajan, lo hacen en situación de extrema precariedad porque las leyes actuales les condenan a aceptar condiciones de trabajo denigrantes. Los migrantes en situación irregular sufren sistemáticamente exclusión jurídica.
Donde se juega ahora la partida es en el Parlamento. Y una vez entrado el trabajo en arena parlamentaria, con los partidos políticos calentando motores para las próximas elecciones, cabe la duda de si la demanda de una regularización extraordinaria conseguirá alzarse por encima de tanto ruido preelectoral. Nosotros, como alianza de instituciones eclesiales, seguiremos trabajando para que los partidos actúen con responsabilidad absoluta; poniendo a las personas, en el centro del debate.
