El cambio de gobiernos autonómico y en algunos municipios ha venido de discursos y prácticas que limitan las políticas de cooperación al desarrollo, a través de los recortes en los fondos destinados a la solidaridad internacional y a través de los discursos que los justifican y que explican una nueva orientación de los escasos fondos.
En este inicio de año, dos administraciones destacan por su resistencia a esta ola de ataques a la solidaridad internacional y por mantener su compromiso con los países más desfavorecidos.
La Diputación Provincial de Zaragoza ha aumentado la partida de cooperación al desarrollo para destinar el 0,7% de su presupuesto asumiendo el compromiso internacional demandado por las Naciones Unidas.
El Ayuntamiento de Teruel ha aumentado también los fondos que destina a la solidaridad internacional, cumpliendo así el Pacto por la Cooperación al Desarrollo firmado en el año 2021 entre las fuerzas políticas del consistorio y las ONG turolenses, con un 0,79% sobre los ingresos corrientes (un 0,43% sobre el presupuesto total).
En el lado opuesto, nos vemos obligadas a denunciar una vez más los recortes despiadados de otras administraciones aragonesas:
Tras la tramitación parlamentaria de la ley de presupuestos de 2024, el Gobierno de Aragón finalmente ha recortado en un 76,7% el importe destinado a cooperación al desarrollo. Un feroz retroceso en una política que compromete no solo la ayuda futura, sino también la viabilidad de muchos de los procesos de desarrollo que se estaban llevando a cabo con su apoyo en comunidades vulnerables de los países empobrecidos.
El Ayuntamiento de Huesca, que aprobó el mismo 22 de diciembre el recorte de la partida de cooperación al desarrollo del 94%.
El Ayuntamiento de Utebo, que ha presentado un borrador de presupuestos con un recorte del 70% de los fondos.
Y el Ayuntamiento de Zaragoza, que presentaba el 27 de diciembre un nuevo tijeretazo a la solidaridad internacional, en esta ocasión de un 33%. El consistorio zaragozano sigue así la senda iniciada en la anterior legislatura en la que año tras año ha ido sumando recortes a la solidaridad internacional, en una reducción progresiva que ya ha recortado un 70% de los fondos entre ambas legislaturas.
Los recortes no son cifras inocuas, tienen impacto directo en las comunidades con las que se ha trabajado desde Aragón, en procesos de desarrollo que les permita superar de las situaciones de pobreza, hambre, discriminación o violencia en la que se desarrollan las vidas de personas y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Pero el ataque que está sufriendo la solidaridad internacional en nuestra Comunidad Autónoma no se queda solo en las cifras, está colonizando los discursos y pretende cambiar la orientación de los exiguos fondos que dejan.
Nos preocupa especialmente la inclusión en la Ley de presupuestos para 2024 en Aragón de la cláusula por la cual “quedan excluidos de dichas ayudas, para proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, aquellos países que den cobijo a organizaciones declaradas terroristas por la Unión Europea, y las ayudas a los países que colaboren o promuevan la inmigración ilegal” por las consecuencias que tendrá en países con una prolongada presencia aragonesa y por la arbitrariedad con la que pueda ser aplicada.
La lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea engloba organizaciones de Colombia, Egipto, Filipinas, India, Líbano, Palestina, Perú y Turquía. Varios de estos países tienen presencia de la cooperación aragonesa: el apoyo a las poblaciones afectadas por la violencia y la guerra en Colombia, Líbano o Palestina; a la población afectada por el terremoto de 2023 en Siria y Turquía; o la ayuda a la población excluida en la India que moviliza importante solidaridad ciudadana.
Nos parece una ignominia que se niegue la posibilidad de ayuda externa a la población de civil que está sufriendo conflictos armados y el terror de grupos terroristas y nos parece muy incomprensible que esto se haga desde Aragón, que ha sufrido en carne propia a una organización declarada terrorista por la Unión Europea.
También nos preocupa la exclusión de estas ayudas de “los países que colaboren o promuevan la inmigración ilegal” en primer lugar porque la ambigüedad de la definición queda abierta a una aplicación arbitraria. Y porque la cooperación al desarrollo no puede responder a intereses geopolíticos o al control de las migraciones, sino que ha tener como única guía la consecución de una vida digna a todas las personas, superando las situaciones de pobreza, exclusión, falta de derechos y violencia.
Javier Parcero, responsable de Comunicación Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
