Aunque en 2016 se firmaron los Acuerdos de Paz en Colombia, las situaciones de violencia organizada y conflicto armado continúan, se han hecho más intensas en los últimos años. A este contexto se suma el impacto de la pandemia mundial de COVID-19 que ha aumentado el número de víctimas y ataques violentos en las zonas más rurales y vulnerables de Colombia, afectando, principalmente y de forma exponencial, a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Una de las zonas más afectadas es la región del Atrato. La región es el territorio ancestral de comunidades afrocolombianas y comunidades indígenas, que han enfrentado condiciones de marginación y discriminación durante siglos. En la actualidad, a esta condición de discriminación histórica, se añade los efectos del conflicto armado, el impacto de enfermedades relacionadas a la falta de accesibilidad a recursos básicos y atención de calidad en el ámbito de la salud, y el producido, como ya comentábamos, por la COVID-19. Todos estos factores hacen que estas comunidades se encuentren en riesgo de desaparición física y cultural. Sólo en el primer semestre del 2020, al menos 11.146 personas pertenecientes a comunidades étnicas afro (43%) e indígenas (53%) fueron víctimas del conflicto armado.
Por este motivo, tras un trabajo participativo de identificación de necesidades, Fundación PROCLADE, junto a las comunidades étnicas, las organizaciones locales, los líderes territoriales de la zona y nuestro socio local PROCLADE COLVEN, y gracias a la cofinanciación del Principado de Asturias y la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha desde hace unos meses el proyecto “Fortalecimiento de acciones para la Reducción de Riesgo de Desastre y la construcción de paz en comunidades étnicas de 2 municipios del margen del río Atrato”, con el objetivo de generar capacidades para la resiliencia en las comunidades étnicas en riesgo de desaparición física y cultural del río Atrato.
De este modo, este proyecto se enfoca en el fortalecimiento de las redes comunitarias de protección ante los retos de seguridad a los que se enfrentan y las carencias históricas en materia de salud, agravados por la continuidad de la confrontación armada y la situación de pandemia, para lo que se han planteado dos acciones fundamentales: 1) En primer lugar, un proceso formativo (diplomado de carácter oficial en el país) en materia de prevención y promoción de la salud, adaptado a la población beneficiaria, y que se vinculará de manera estrecha con las comunidades para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 2) Y por otro lado, una labor de incidencia con actores estratégicos en el territorio y/o con influencia en ellas, como los tomadores de decisión, las agencias de protección con presencia en la región, los comités locales de salud o los comités de desastres y de paz. Así, gracias a esta estrategia se pretende beneficiar de forma directa a 3.850 personas de los municipios de Riosucio y Tagachí, pertenecientes de la región de Atrato, y a 59.597 personas de las zonas cercanas de forma indirecta.
Porque tanto desde allí, como desde aquí, en Fundación PROCLADE sabemos que debemos seguir trabajando para que los Derechos Humanos se cumplan en todos los lugares del mundo, y pese a las dificultades no cesaremos en luchar día a día por este objetivo.
Irene Begara Carpio
Técnica de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria en Fundación PROCLADE
