La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27 que ha tenido lugar en Sharm El Sheik (Egipto), ha abarcado dos semanas de intensas negociaciones para tratar los desafíos climáticos y buscar soluciones para construir una senda sostenible tras la pandemia mundial de Covid-19. El balance global de la 27 Cumbre del Clima finaliza con resultados desfavorables y sin claridad en los términos de los acuerdos. Una situación que deja entrever las dificultades existentes en la comunidad internacional para alinear posturas, con el fin de frenar las consecuencias de la crisis climática.
El objetivo climático fijado en 2015 por los Acuerdos de París de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales parece inalcanzable. La COP27 ha dado lugar a una serie de decisiones finales insuficientes para reafirmar este compromiso, ya que sólo se hace referencia al objetivo sin plantear vías o planes para alcanzarlo.
La COP27 ha establecido nuevos acuerdos de financiamiento y un fondo económico destinado a la ayuda de los países más vulnerables frente al cambio climático pero sin instaurar medidas ambiciosas para la reducción del uso de los combustibles fósiles. Con el fin de poner en marcha estos acuerdos en la COP28 se ha creado un comité de transición que tendrá lugar antes de finales de marzo de 2023. Aunque este hecho supone un avance al adoptarse por primera vez en la Cumbre del Clima, el proyecto carece tanto de medidas para una mitigación adecuada como decisiones para la erradicación de los combustibles fósiles.
A lo largo de las negociaciones se realizaron acuerdos para establecer la Red de Santiago y proyectos específicos para cada país, que crea nuevas promesas de contribuciones de 340 millones de euros para pérdidas y daños, con el objetivo de proveer asistencia técnica a los países en desarrollo más afectados por los impactos del calentamiento global. Esta realidad refleja una incapacidad global para erradicar la situación de dependencia del 80% de los combustibles fósiles que afecta a estas comunidades. A pesar de que la creación de un fondo de pérdidas y daños supone tanto un impulso para alcanzar la justicia climática como de compensación hacia estas poblaciones para reconstruir sus medios de vida, la financiación resulta insuficiente.
Para lograr una recuperación futura inclusiva es necesaria la reestructuración del sistema financiero global que dirija la financiación pública y privada hacia modelos de consumo y producción más justos y sostenibles. Estos modelos requieren una transición rápida y completa hacia prácticas sostenibles, incluyendo el pago de ingresos y salarios dignos hacia pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como acciones en materia de acuerdos comerciales y responsabilidad por parte de las empresas. Las condiciones desiguales a las que se enfrentan los pequeños(as) agricultores(as), trabajadores(as) y las PYMEs les impiden a ellos y a sus comunidades tener el futuro próspero que merecen.
La justicia climática y la protección social son esenciales para alcanzar una transición justa y equitativa. De este modo, los más de 1,9 millones de agricultores, PYMEs y trabajadores(as) que forman parte de la comunidad de Comercio Justo diseñan nuevos modelos económicos incorporando criterios sostenibles sobre la producción y el consumo en los mercados mundiales, basados en la solidaridad y la colaboración, pero que requieren de políticas adecuadas y apoyo gubernamental para llevar a cabo las medidas.
Fuente: Coordinadora Estatal de Comercio Justo
