Tras las implantación del Ingreso Mínimo Vital en 2020 como medida y herramienta para
erradicar la pobreza extrema y la exclusión social acuciada por la crisis sanitaria de la COVID,
reflexionamos sobre si esta medida es eficaz y ha cumplido con el objetivo planteado en estos
dos años.

La entidades del tercer sector estamos viviendo una congestión en el acceso, tramitación y
concesión de dicha prestación. Siendo testigos directos de las dificultades que muchas
personas y familias en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social y
empobrecimiento están viviendo y por tanto, el desgaste y angustia a la que se ven abocadas
por la falta de urgencia e información, diligencia, trabas burocráticas y arbitrariedad en la
concesión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital.

La ineficiencia e ineficacia de la Administración Pública y el laberinto burocrático del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), establecen requisitos y procedimientos que obvian las
condiciones reales de vida de las personas y la necesidad inminente de prestar apoyo y
cobertura en situaciones de precariedad económica.

Uno de los principales motivos por los que es necesario un cambio y revisión de esta medida,
es el alto porcentaje de solicitudes que son denegadas. Actualmente, de cada cuatro solicitudes
se rechazan tres de ellas por una excesiva burocracia documental. La mitad de unidades de
convivencia en situación de pobreza severa, han recibido una resolución negativa. Solo el 18
por ciento de los mismos, han recibido la prestación del Ingreso Mínimo Vital.

El Ingreso Mínimo Vital no garantiza el derecho, si no que agrava aún más la casuística
individual, ya que sin que exista una resolución definitiva, de forma cautelar, se paralizan otras
ayudas y prestaciones hasta comprobar si son compatibles. Tales como la Renta Mínima de
Inserción, prestación por un menor a cargo o por el cuidado de personas dependientes. A esta
situación se suma, que se están dando denegaciones por no aportar un certificado de pobreza
que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid niega a las personas y unidades
familiares. Estos son algunos de los maltratos a los que deben hacer frente las personas
solicitantes del IMV.

Por otro lado, no olvidemos que esta medida tendría que ser urgente, sin embargo su plazo de
respuesta contempla hasta los tres meses, y esto en el mejor de los casos. Las Fundaciones y ONG que trabajamos para la inclusión y la mejora de las condiciones de vida de las personas y familias más vulnerables, pedimos un cambio y revisión de esta medida actual, que garantice y fortaleza la protección social y amortigüe la brecha socioeconómica
existente en la sociedad española.

Para corregir y equilibrar el acceso a esta prestación, desde Fundación PROCLADE proponemos
facilitar los trámites relacionados con la aportación de la documentación requerida y que
existan diferentes puntos de tramitación del IMV para adaptar la brecha digital o la falta de
medios para el acceso a tramites por internet. No podemos olvidar que la mayoría de las
personas susceptibles de percibir el IMV no cuentan con ingresos económicos suficientes para
el pago de internet o con un certificado digital.